Los operadores de alquiler de vehículos tendrán que comprar un mínimo del 2% de coches libres de emisiones en 2020 y que su flota no contaminante sea de al menos un 0,6% sobre el total


LA TRIBUNA DE LA AUTOMOCIÓN - Ignacio Anasagasti - Martes, 4 de febrero de 2020

El Gobierno de Baleares ha rechazado la propuesta planteada por una parte del sector del rent a car, representado por Feneval, Aneval y la asociación local Baleval, de aplicar una moratoria de un año al articulado de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética que establece unos porcentajes mínimos de adquisición de vehículos libres de emisiones —aplicable sobre coches, motocicletas y ciclomotores— a partir de 2020, según han confirmado a La Tribuna de Automoción fuentes conocedoras de la decisión del Ejecutivo insular.

La Consejería de Transición Energética y Sectores Productivos, encabezada por el también vicepresidente Juan Pedro Yllanes, comunicó ayer estos términos a Baleval en una reunión con su presidente, Antoni Masferrer, en la que participaron también representantes de alguna de las grandes multinacionales del alquiler de vehículos. Este encuentro estuvo precedido por otro, el 28 de enero, en el que el departamento autonómico recibió al presidente de Aevab, Ramón Reus, una asociación local, en este caso, favorable a la puesta en marcha de la normativa tal y como se aprobó.

Una vez descartada la moratoria, y según está recogido en el artículo 63.2 de la citada ley y en un anexo vinculado, «las empresas de alquiler de vehículos, como también las grandes y medianas empresas que sustituyan anualmente más del 30% de sus vehículos, al renovar sus flotas, cumplirán» en 2020 que al menos un 2% de sus compras sean de modelos cero emisiones, representando un mínimo de un 0,6% del total de la flota. Esta exigencia es progresiva hasta llegar, en 2035, a un 100% de las adquisiciones por un 30% de cuota en el parque.

Los operadores de RAC que pedían el aplazamiento argumentaban la necesidad de aplicarlo porque no existen, a su juicio, en estos momentos suficientes garantías para que puedan cumplir con la normativa, debido a que, en primer lugar, se quejan de que todavía no existe una red de carga de vehículos eléctricos suficiente en las islas y, en segundo lugar, que podrían tener problemas con los fabricantes para que les entreguen las unidades que demandan, con las cuales, además, no tendrían la seguridad de que las marcas aceptan su recompra.

La Consejería de Transición Energética, después de que Baleval trasladase su petición de moratoria en una reunión el 16 de septiembre, aceptó estudiarla, pero para ello le solicitó que le entregaran una serie de datos —entre ellos, el número de coches libres de emisiones que tienen o los puntos de carga que han instalado—que justificasen la medida. Estos fueron remitidos por la patronal en la primera semana de diciembre y tras ser analizados por la administración balear fueron considerados «insuficientes» para retrasar un año la ejecución de la ley, según informan a este medio fuentes conocedoras del encuentro del 3 de febrero.

El Gobierno autonómico defiende, frente a los argumentos sectoriales, que ya existen en las islas más de 500 puntos de carga y que a finales de 2020 habrá, seguramente, algo más del doble, un objetivo que se fijaba en el acuerdo de gobierno para 2025, pero que se conseguirá cinco años antes. Sobre la inexistencia de cargadores en el aeropuerto de Palma, que denuncia el RAC, desde la Consejería se traslada que AENA tiene un plan para implantar 100 y que el gestor público está a la espera de que los operadores le contacten para buscar las mejores localizaciones cercanas a las flotas de coches.

En cuanto a las dificultades de suministro de vehículos, el Ejecutivo ha contactado con concesionarios locales y estos le han confirmado que pueden servir los pedidos que se les realicen, aunque han reconocido que puede haber complicaciones a la hora de que los fabricantes recompren las unidades.

Revisión a mitad de año

Con la aplicación efectiva de la normativa en 2020, a mitad de ejercicio la Administración tiene previsto hacer una revisión de los datos para comprobar el estado del cumplimiento de las empresas y en caso de que existan «desviaciones importantes» comunicárselas a los afectados, según concretan a La Tribuna de Automoción fuentes sectoriales.

Una vez finalizado el año, Baleares hará todos los cálculos a partir de cifras medias de los 12 meses, para ver si las alquiladores han llegado al mínimo de compras y flota exigidos. «Si hay casos flagrantes de incumplimiento, se iniciará el procedimiento sancionador» —las multas se cuantifican en el artículo 94—, señalan las mismas fuentes.


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