El Partido Popular confía en que el Plan Renove Nacional esté operativo antes del 5 de marzo, fecha límite marcada por la Ley de Movilidad Sostenible, con las ayudas ya aplicadas para impulsar la renovación del parque automovilístico. Así lo afirmó la diputada Tristana Moraleja durante la jornada 'Impulsando la Movilidad Sostenible' en el Congreso de los Diputados que reunió a la plataforma Neutral In Motion y a los diferentes grupos parlamentarios, donde el sector reclamó neutralidad tecnológica, certidumbre regulatoria y un enfoque industrial para acelerar la descarbonización sin perder competitividad
LA TRIBUNA DE LA AUTOMOCION - CARLOS GONZALEZ - 10 de Febrero de 2.026
La portavoz de la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital del Congreso de los Diputados y vocal de la Comisión de Industria y Turismo, Tristana Moraleja, ha declarado que el Partido Popular se «espera que el 5 de marzo» exista ya un Plan Renove Nacional «con las ayudas aplicadas» y que, por tanto, «el Gobierno acate la legislación que se apruebe». La diputada del PP realizó estas afirmaciones durante el debate sobre movilidad sostenible que tuvo lugar este 9 de febrero en la Cámara Baja, donde se reunieron Neutral In Motion —agrupación que une a las principales asociaciones nacionales del sector de la automoción— y los distintos grupos parlamentarios.
La Ley de Movilidad Sostenible fue publicada en el BOE el 4 de diciembre de 2025, entrando en vigor al día siguiente. En su disposición adicional vigesimoprimera, el documento recoge que «en el plazo máximo de tres meses» desde su aprobación, «el Gobierno desarrollará un plan de renovación para incentivar la adquisición de vehículos nuevos de cero o bajas emisiones» y retirar voluntariamente del parque otras unidades «antiguas». Es decir, el Ejecutivo tendría hasta el 5 de marzo para sacar adelante el mismo.
En este sentido, el director general de Faconauto, José Ignacio Moya, defendió que el «plan nacional de renovación», que tiene «hasta el 5 de marzo para ponerse en marcha», esté basado en un enfoque de «neutralidad tecnológica». Según Moya, el objetivo debe centrarse en «incorporar vehículos más eficientes y de mayor seguridad vial». Además, quiso destacar que la fecha coincide con el Congreso de Faconauto, donde «estarán todas las asociaciones».
Asimismo, el director general de Ganvam, Fernando Miguélez, insistió en que «el mayor incentivo» para rebajar la edad del parque automóvil son «los planes de renovación». Desde la patronal defienden que este envejecimiento es una «consecuencia de la condición de renta» de los ciudadanos, lo que limita las posibilidades de «acceder a un vehículo de mejores condiciones».
En representación de los fabricantes de vehículos participó el director general de Anfac, José López-Tafall, quien reclamó a las administraciones «predecibilidad» y «flexibilidad» en los «marcos regulatorios», ya que las fábricas están «cambiando sus líneas para incorporar vehículos eléctricos» y es un aspecto que «conlleva muchísimo tiempo». Sin embargo, la situación en la que se encuentren estos objetivos de electrificación puede cambiar en el futuro, por lo que, «dentro de esa ambición», tiene que haber «hueco a la flexibilidad».
Por parte de los proveedores, el director de Sernauto, José Portilla, recalcó la necesidad de tener un parque de proveedores que «responda de manera acorde a los tiempos actuales» y ofrezca «diferenciación tecnológica» a los productores de automóviles, porque la mayoría «tienen sus centros de decisión fuera de España». Según Portilla, se debe seguir apostando por la inversión en innovación para «anclar industrial y estratégicamente a España», así como «revisar» el tratamiento diferenciado que existe a día de hoy «entre I+D e innovación tecnológica aplicada», algo que «no ocurre tanto en Alemania».
En esta línea, Tristana Morales defendió que hay que «mantener la posición de España como referente industrial».
Por otro lado, el presidente ejecutivo de Feneval, Juan Luis Barahona, pidió que se estableciera una «única normativa estatal» para las empresas de rent a car. Hasta ahora, cada municipio ha desarrollado reglamentaciones «a su medida» en este ámbito, lo que provoca «caos para los usuarios».
Desde la patronal del renting, el presidente de AER, José-Martín Castro, destacó su papel como «acelerador de la renovación del parque e impulsor de la electrificación», ya que permite al ciudadano «participar en la movilidad sostenible sin asumir riesgos» y cada vez más «se utiliza el renting ante la incertidumbre». También denunció que se está quedando en el olvido el «objetivo europeo» de que para el año 2050 no haya ni «fallecidos» ni «heridos graves» en las carreteras.
Tampoco faltó a la cita Aedive, bajo la representación de su director general, Arturo Pérez de Lucia, quien se mostró disconforme con que las infraestructuras de recarga se hayan visto «opacadas» en los «incentivos del Plan Auto+», mientras que sí se contemplaban en el anterior Moves. Aun así, reconoció que todavía se debe trabajar en el «impulso de la corriente alterna», un elemento que eliminaría muchas dudas al ciudadano para «utilizar el vehículo eléctrico».
De esta manera, el directivo sostiene que las «mayores barreras» para el despliegue de puntos de carga son «administrativas», con proyectos que pueden tardar «hasta cuatro años» desde que se firman hasta que se ponen en marcha».
Por último, como parte del sector de las dos ruedas, tomó la palabra el secretario general de Anesdor, José María Riaño, volviendo a reclamar que se reconozcan «las singularidades» de los vehículos de categoría L «en las políticas y regulaciones». «En toda la Ley de Movilidad Sostenible no aparece la palabra moto y pasa igual en muchos Planes de Movilidad Urbana Sostenible», afirmó Riaño.
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