El bipartito de PP y Vox tramita judicialmente la clausura de otro negocio en El Altet vinculado a una vivienda particular, en un momento en el que la Fiscalía ya ha abierto una investigación sobre la proliferación de este tipo de establecimientos
DIARIO INFORMACION - MARIA POMARES - 28 de Octubre de 2.026
Segunda campa de vehículos cerrada en el entorno del aeropuerto de Alicante-Elche en una semana. Todo después de que la Policía Local procediera este martes a la clausura de otro negocio, en este caso emplazado en Torrellano Alto, sobre 8.000 metros cuadrados, y con capacidad para 1.000 coches. Con ello, el Ayuntamiento ilicitano ya ha decretado el cierre de cuatro establecimientos, mientras tramita judicialmente hacer lo propio con otra actividad en El Altet vinculada a un domicilio particular. Un paso que llega en un momento clave, después de que la Fiscalía haya abierto una investigación sobre las campas de vehículos en el entorno de la terminal y haya dirigido un escrito al Ayuntamiento de Elche pidiendo toda la información al respecto. En este sentido, las diligencias se han abierto tras la denuncia presentada por la Asociación de Vecinos Vial Aeropuerto de Elche, presidida por Juan José Mateo, especialmente combativa con esta cuestión, y después de que la Unidad de Medioambiente y Urbanismo apuntara a indicios de delito sobre la ordenación del territorio y de contaminación medioambiental a finales de septiembre.
Desde el Ejecutivo local insistían este miércoles en que este nuevo cierre se enmarca “en el dispositivo de inspección, control y regularización de las campas de vehículos que desarrolla el Ayuntamiento de Elche, especialmente en el entorno del aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández, con el objetivo de frenar la proliferación de instalaciones que no cumplen con los requisitos exigidos por la normativa”.
Además, precisaron que, en conjunto, las actuaciones desarrolladas en las últimas semanas afectan a instalaciones con capacidad para más de 5.000 vehículos. De hecho, los cierres más recientes se desarrollaron en Saladas y El Altet, con campas que sumaban en torno al medio millar de coches y una superficie global de 10.000 metros cuadrados.
La clausura de ahora se hace pública solo unas horas después de que trascendiera que el Ministerio Público, tras la apertura de diligencias de investigación, había solicitado a la Administración local la relación de las campas para aparcamiento de vehículos no legalizadas que actualmente existen en las proximidades del aeropuerto de Alicante-Elche, con indicación expresa de la partida, polígono y parcela, así como la referencia catastral de cada una de ellas y la titularidad del terreno.
También había pedido las certificaciones acreditativas de la clasificación del suelo con arreglo al Plan General de cada una de las parcelas identificadas y, llegado el caso, de las obras que se han podido acometer, y demandaba información de si la actividad que se desarrolla en esos terrenos y las obras en sí son o no autorizables, independientemente de que se pueda abrir un expediente administrativo por infracción urbanística.
El requerimiento, al parecer, llegó al Ayuntamiento ilicitano el lunes, después de que, a mitad de septiembre, la Asociación de Vecinos Vial Aeropuerto de Elche pusiera en conocimiento de la Unidad de Medioambiente y Urbanismo de la Fiscalía General del Estado la situación que se estaba generando por la proliferación y el funcionamiento de numerosas campas destinadas al estacionamiento, el depósito, la custodia, el alquiler y la gestión de vehículos en el entorno de la terminal, y, en particular, en las pedanías de El Altet y Torrellano, como lleva el colectivo denunciando desde hace años.
La entidad lo que alegó ante el Ministerio Público fue que la “dimensión” alcanzada por este fenómeno; la transformación física de numerosas parcelas; la existencia de instalaciones que, según el propio Ayuntamiento, desarrollan actividades sin licencia; la revisión de licencias históricas; las posibles ampliaciones de superficies y cambios de actividad; y las declaraciones públicas hechas por responsables municipales justificaban que los hechos fueran puestos en conocimiento de la Fiscalía para que valorara la posibilidad de abrir una investigación.
Ante ello, poco después, la Fiscalía informaba a la asociación de que se acusaba recibo de la comunicación “por hechos que revisten carácter de delito propio de esta especialidad”, de la Unidad de Medio Ambiente y Urbanismo, y subrayaba que, “en concreto, advierte de la proliferación de campas en las inmediaciones del aeropuerto de Alicante-Elche, hecho del que se desprenden indicios de delito sobre la ordenación del territorio y de contaminación medioambiental”. De este modo, admitía a trámite la denuncia, y daba traslado a la Fiscalía del área de Elche, que es la que ahora acaba de solicitar la información al bipartito de PP y Vox, que el martes aseguraba que “la colaboración y predisposición del Ayuntamiento de Elche con la Fiscalía es total y absoluta”.
En paralelo, el equipo de gobierno continúa con las inspecciones y la regulación urbanística para ordenar estas actividades, ya que el actual Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1998 no contempla expresamente este uso de aparcamiento en suelo no urbanizable entre las actividades autorizables mediante Declaración de Interés Comunitario (DIC).
En este contexto, el pasado 23 de abril, la junta de gobierno local aprobó una moción para impedir la apertura de nuevas campas en el entorno del aeropuerto mientras no se acabara con la tramitación urbanística. Así, en este tiempo se han identificado 110 campas que se traducen en 100 hectáreas de ocupación en pleno Camp d’Elx, mientras que la Policía Local junto con ingenieros municipales realizaron alrededor de 81 inspecciones, según los datos que dio el alcalde, Pablo Ruz, a finales de junio.
De ellas, alrededor de 30 instalaciones cuentan con licencias provisionales concedidas en 2005, aunque también se han revisado. Asimismo, desde el pasado 4 de junio, se han efectuado 46 requerimientos de regularización a los titulares de estas actividades, y, hasta la fecha, los decretos de cese de actividad afectan a cinco campas en Elche.
El procedimiento municipal comienza con la inspección de las instalaciones por parte de los servicios técnicos y la Policía Local, que comprueban la actividad desarrollada, identifican a sus titulares y verifican la existencia de las correspondientes autorizaciones.
Posteriormente, se requiere a los responsables la presentación de una memoria descriptiva de la actividad y un certificado técnico que acredite el cumplimiento de las condiciones exigibles, para lo que disponen de un plazo de tres meses.
Una vez examinada la documentación y concedida audiencia a los interesados, el Ayuntamiento de Elche estudia cada caso de manera individualizada y adopta las medidas administrativas correspondientes, que pueden incluir la clausura de aquellas instalaciones que incumplan los requisitos establecidos.
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