CEHAT reclama al Gobierno retirar el RD 933/2021 y abrir una mesa de diálogo
HOSTELTUR - 5 de Junio de 2.026
CEHAT (Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos) exige la derogación inmediata del Real Decreto 933/2021 sobre el registro de viajeros, después de que Bruselas lo haya tumbado por ser incompatible con el derecho europeo, según ha publicado HOSTELTUR noticias de turismo. La patronal reclama además una mesa de diálogo urgente con todos los agentes implicados.
CEHAT considera que el expediente sancionador anunciado por la Comisión Europea confirma las advertencias que el sector venía realizando desde hace años sobre la aplicación del registro de viajeros. La organización sostiene que la norma era “inaplicable” y que vulneraba el Derecho europeo. De hecho asegura que la decisión de incoar un procedimiento formal de infracción “no supone ninguna sorpresa, sino que constituye la crónica de una advertencia anunciada”.
La patronal hotelera recuerda que desde 2022 ha abanderado las quejas del sector contra esta normativa, junto a otros colectivos afectados como agencias de viajes, empresas de alquiler de coches y plataformas de intermediación, de la mano de la patronal europea que representa a hoteles, restaurantes, bares y cafés y establecimientos similares (HOTREC). CEHAT incide asimismo en que el Real Decreto fue redactado de forma unilateral y sin tener en cuenta la realidad operativa de las empresas turísticas.
CEHAT destaca que el expediente europeo da la razón al sector turístico frente a un reglamento que considera inaplicable. Entre los principales problemas señalados por la Confederación figuran el desconocimiento de la operativa diaria de los alojamientos, la carga administrativa desproporcionada y los riesgos de ciberseguridad derivados de la obligación de custodiar grandes volúmenes de datos sensibles, como tarjetas de crédito, transacciones financieras y datos de geolocalización.
La organización cree también que el reglamento choca con los principios de proporcionalidad y privacidad de la Unión Europea. En este sentido, subraya que la normativa comunitaria aplicable al ámbito policial exige la minimización de datos, mientras que el sistema español obliga a conservar datos que Bruselas califica de “desproporcionados” durante tres años.
CEHAT vincula el caso con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la remisión de datos de pasajeros de aerolíneas, en el marco de la Directiva PNR. Según la patronal, el tribunal de Luxemburgo ya estableció que la transferencia masiva de datos personales a las autoridades de seguridad pública no puede utilizarse de forma sistemática ni generalizada.
La Confederación entiende que la cesión de información privada debe limitarse estrictamente a supuestos específicos, concretos y justificados por sospechas reales de criminalidad grave o amenazas terroristas concretas. Desde esa interpretación, el Real Decreto 933/2021 vulneraría esa doctrina al someter de forma indiscriminada el historial y los métodos de pago de millones de turistas al control estatal ordinario.
CEHAT insiste en que su posición no cuestiona la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La patronal reconoce su dedicación y eficacia, y recalca que el sector hotelero español mantiene su disposición a colaborar para reforzar la seguridad ciudadana.
CEHAT se pone a disposición del Ministerio del Interior para diseñar un sistema alternativo basado en soluciones tecnológicas avanzadas. La patronal afirma que es posible articular un método de transmisión de información eficaz, fiable y moderno, que facilite la labor policial y respete al mismo tiempo la privacidad de las personas y el derecho comunitario a la libre circulación en la Unión Europea.
En este sentido el presidente de CEHAT y de Ashotel, Jorge Marichal, ha pedido rectificar el rumbo tras el expediente europeo: “Para España, la seguridad es la piedra angular. Nunca podremos estar suficientemente agradecidos a la labor de cientos de miles de servidores públicos que velan por ella todos los días. Pero criticamos la postura del Ministerio del Interior, que ha conseguido romper la relación de confianza con el sector motor de la economía española”.
Para Marichal, “las quejas de los viajeros por los controles contra su privacidad, el ignorar de forma premeditada la normativa europea y rechazar cualquier sugerencia del sector turístico para su mejora han creado un problema donde no existía. Este expediente europeo ha de provocar un cambio radical en la legislación que permita construir juntos una España más segura para todos”.
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